Esto sucedió el 28 de julio en la tarde; los detectives tenían otra orden similar para actuar contra radio Renacer, otra emisora comunitaria de larga trayectoria en Lota, que había tenido su concesión, pero como caducan cada tres años, en una de esas ocasiones les falló algún papel y no lograron renovarla. Pero la policía estaba cansada por la misión de esa tarde y dejaron el trabajo pendiente, aunque no por mucho tiempo.

El segundo allanamiento
Con energías renovadas, al día siguiente, a las 10:45 de la mañana, Radio Renacer los recibió con las puertas abiertas; no era la primera vez que iban a la sede del sindicato de ex¬-mineros, sólo que en esta ocasión habían olvidados los modales correctos que habían mostrado anteriormente. Cargaron con todo aparato que encontraron, por supuesto también se llevaron el teléfono y el libro de asistencia de los siete trabajadores cesantes que los pro-empleo tenían contratados para trabajar en la radio. Después de retirar todo -hasta un mantel con el nombre Radio Renacer bordado amorosamente por una socia-, querían cortar el cable, pero ya habían sacado el transmisor y, después de arduas explicaciones, lograron entender que esa acción era innecesaria. Al menos se salvó el cable y también los muebles gracias a que la PDI de Lota es pobre y no cuenta con camiones para los decomisos.

Así fueron acalladas 2 radioemisoras que sirvieron a la comuna durante 8 años, sólo por la denuncia realizada por la ARCHI, según pudo averiguar el diputado Iván Norambuena, quien se lo informó a Radio Renacer. Se aplicó la Ley 19091 del año 1991, que no es una herencia de la dictadura, sino una de las primeras modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones realizada por el gobierno de Aylwin.

Como consecuencia de hechos como los relatados, la radio de la Universidad de Chile -la radio que piensa- decidió desafiliarse de ARCHI y lo comunicó a través de una carta de su director, el periodista Juan Pablo Cárdenas, donde fundamenta su decisión por “la persecución legal y policial manifestada en contra de un conjunto de radios comunitarias del país a quienes se les impide o restringe el libre ejercicio de la libertad de expresión”. Cárdenas recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2005 y es un tipo que sabe de persecuciones, pues las sufrió prácticamente durante toda su vida profesional tanto en dictadura como en democracia.

Es también grave que existan leyes injustas, que castigan con dureza desproporcionada que puede llegar a los 3 años de cárcel, faltas que no perjudican, sino por el contrario favorecen a la comunidad.

Por otra parte, en Lota existe más de una organización que presentó su solicitud para tener una radio debidamente concesionada en abril de 2008, como es el caso del Centro de Promoción y Desarrollo de la Mujer, y aún esperan la culminación del proceso. Es decir, esperan que la Subtel llame al sorteo que decidirá cuál de los postulantes recibirá el anhelado permiso. De este modo, quienes han actuado con pleno apego a la ley, también están silenciados.

 Más allá de Lota
Los hermanos lotinos, por paradójico que suene, no están solos. Ésta es una peste que se extiende más allá de la comuna, y está por todo el territorio nacional provocando miedo y decepción entre muchos comunicadores, que sabiendo que sus permisos tienen problemas -por razones diversas como la publicación de un decreto fuera de plazo o algo así- han decidido silenciar sus transmisiones para no perder lo que les costó un gran esfuerzo conseguir.
No mencionaremos aquí las radios a las cuales han apagado sus transmisiones, para no colaborar con los denunciantes, pero sabemos al menos de cinco, sólo en la Región del Bío-Bío, que están en ese caso. También algunas televisoras comunitarias están sufriendo el mismo drama, es decir, allanamientos y requisición de equipos. Esto ya ha sucedido en Rancagua, Pichilemu y Combarbalá.

Disparan a la bandada
Cuando los cazadores disparan a la bandada seguro que algo cae. Incluso las radios plenamente legales corren peligro. Los funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones están extraordinariamente diligentes para atender denuncias como la realizada por el vecino Julio Ibáñez, quien acusó a Radio Lorenzo Arenas de estar interfiriendo otras frecuencias. Con este dato acudieron a fiscalizar a la emisora y aunque no encontraron ninguna interferencia, sí la sorprendieron transmitiendo con 6 watts de potencia cuando tiene autorizados solo 3 miliwatts.

Llegaron a radio Lorenzo Arenas el día 13 de agosto en una camioneta fiscal que estacionaron sobre la vereda frente a la emisora; eran de la Subtel.  Cuando iniciaron las mediciones ordenaron a los miembros de la radio salir de los estudios y dejarlos solos, pero pronto 2 miembros de la directiva fueron alertados y llegaron a ver lo que hacían los fiscalizadores. “Había que tener cuidado con ellos porque en una ocasión anterior, los funcionarios de la Subtel quemaron el transmisor de radio Voz de la Mujer por un error cometido mientras tomaban las mediciones correspondientes”, se escuchó decir en el lugar.

Después de saber cómo fueron las cosas en Lota, esto casi no parece digno de mencionar, estos funcionarios son como boy scouts al lado de los detectives. Sin embargo, sorpresa fue la que la que causó cuando el representante legal de la radio señaló que iba a hablar con Hugo Cautivo, el Seremi del ramo, ya que los funcionaros se rieron de su ingenuidad y le contestaron que ese señor no era su jefe y que ellos dependían de Pablo Bello, Subsecretario de Telecomunicaciones y más directamente del director de la División de Fiscalización. Todo lo cual resultó ser cierto, ya que fue confirmado por el propio Cautivo, quien pidió disculpas a los miembros de la directiva de ANARCICH que concurrieron a la Seremi para conversar esta situación y que luego reiteró en un encuentro regional de radios comunitarias realizado en Concepción el 15 de agosto.

Lo que preocupa en estos momentos a los comunicadores de Radio Lorenzo Arenas es que esa infracción puede llevar a que se aplique una multa a esta radio. No se sabe si las cosas llegarán a ese punto, ni de cuánto podría ser la eventual sanción, sólo se el antecedente de radio Bonanza, una radio comunitaria de la comuna de Molina que fue multada con un millón de pesos, por una falta similar, según informó su director el Pastor Luís Vásquez.

 La esquizofrenia del Gobierno

Advertimos en esta historia una contradicción entre el poder central y las autoridades políticas regionales, que no tienen ninguna posibilidad de hacer valer los criterios que surgen del conocimiento de la realidad regional y de sus actores. La Subtel ha organizado a sus fiscalizadores en macro zonas que abarcan varias regiones y de este modo se colocan por sobre las autoridades regionales.

Pero lo que es aún más desconcertante, es que el gobierno, -que en el 2007 envió al parlamento un proyecto que crea un marco regulatorio nuevo para la radiodifusión comunitaria y ciudadana y que en junio de 2009 le colocó suma urgencia a la discusión de dicho proyecto, en el cual la presidenta Bachelet señaló que la legislación actual “resulta extremadamente restrictiva y no satisface el sentido social y comunitario que estos servicios de radiodifusión tienen”- haya enviado a sus funcionarios a fiscalizar el fiel cumplimiento de las normas que ese mismo gobierno cree deben ser cambiadas.

Si ya estuviera en vigencia la nueva ley que ya ha completado su tramitación en la Cámara de Diputados, los 6 watts con que transmitía radio Lorenzo Arenas estarían muy por debajo del límite de 25 watts que serán autorizados.

Parece una pandemia
Todo lo que hemos dicho hasta ahora nos puede hacer creer que se trata de un fenómeno típicamente chileno, con sabor a empanadas y todo eso. Es bueno entonces levantar la mirada para ver lo que sucede más allá de nuestras fronteras.
A principios de junio las manifestaciones indígenas en defensa de la amazonía en la zona de Bagua fueron brutalmente reprimidas por el gobierno de Alan García, provocando la masacre de más de 30 personas. Radio La Voz de Utcubamba cumplió su labor informativa y el resultado fue el cierre de la emisora por fuerzas del gobierno peruano: “han cerrado la emisora porque hemos estado informando de la masacre de los indígenas”, declaró Carlos Flores Borja, su director. En el caso del golpe hondureño y la posterior represión desatada, son muchos los medios de comunicación que han sido amenazados, perseguidos y cerrados. En Argentina en tanto, periodistas de Radio La Tribu de Buenos Aires resultaron heridos al reportear una manifestación.

Esto parece una pandemia, tal cual como la gripe AH1N1, pero creemos que se trata de un fenómeno mucho más antiguo: dondequiera que se cometan abusos o crímenes por parte de quienes tienen el poder, los medios de comunicación y los comunicadores serán perseguidos y acallados. Será el silencio de los inocentes el único eco que podremos escuchar.

Por Juan Schilling Quezada

LaDiagonal.cl